
La gigante surcoreana enfrenta un inesperado contratiempo en su apuesta de 7.600 millones de dólares por la electrificación, tras la detención masiva de trabajadores en su planta de Georgia.
El pasado fin de semana, alrededor de 475 personas fueron detenidas durante una redada de inmigración en la Metaplant de Hyundai, en lo que se calificó como la mayor operación de control de inmigración en un solo lugar en la historia de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE). Más de 300 trabajadores surcoreanos fueron repatriados gracias a la intervención del gobierno de Corea del Sur.
Hyundai aseguró estar comprometida con el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones, mientras que las autoridades estadounidenses, lideradas por el agente especial Steven Schrank, afirmaron que la investigación llevaba meses en curso y que los detenidos formaban parte de una red de subcontratistas que trabajaban sin autorización legal. La redada tuvo un impacto directo en la producción y la planificación de la planta, afectando la estrategia de vehículos eléctricos de la compañía.

El gobierno surcoreano intervino rápidamente: se envió un avión chárter para regresar a casa a los trabajadores detenidos, y el presidente Lee Jae Myung enfatizó que los derechos de los ciudadanos surcoreanos no deben ser vulnerados. Paralelamente, LG, que operará una planta de baterías en la Metaplant, suspendió viajes de negocios a EE. UU. y reforzó la supervisión de sus empleados en el país.
El incidente evidencia cómo las redadas migratorias y los aranceles afectan directamente a la industria automotriz global, generando tensiones entre inversión extranjera, regulación laboral y políticas de inmigración. La Metaplant, concebida como un proyecto emblemático de innovación y empleo, ahora enfrenta un reto inesperado que podría repercutir en la producción de vehículos eléctricos en Estados Unidos y en la estrategia global de Hyundai.


